Con un control simbólico y un cartel que decía “Game Over a la censura. No a los impuestos absurdos”, la diputada Iraís Reyes de Movimiento Ciudadano subió a la tribuna del Congreso para rechazar el nuevo impuesto del 8% a los videojuegos violentos, defendiendo a la comunidad gamer y criticando la criminalización del entretenimiento digital.
Con un control simbólico y un cartel que decía “Game Over a la censura. No a los impuestos absurdos”, la diputada Iraís Reyes de Movimiento Ciudadano subió a la tribuna del Congreso para rechazar el nuevo impuesto del 8% a los videojuegos violentos, defendiendo a la comunidad gamer y criticando la criminalización del entretenimiento digital.

Durante la discusión de la reforma fiscal 2026 en la Cámara de Diputados, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, protagonizó una de las escenas más comentadas de la jornada.
Subió a la tribuna con un cartel en el atril que rezaba: “Game Over a la censura. No a los impuestos absurdos”, como protesta directa contra el llamado impuesto saludable que busca gravar con un 8% adicional a los videojuegos catalogados como violentos.
“Nadie se vuelve criminal por sobrevivir al apocalipsis en The Last of Us, ni termina en la delincuencia por lanzar un Fatality en Mortal Kombat”, declaró la diputada ante los aplausos y las cámaras, agregando que la violencia no nace de los videojuegos, sino de un Estado que ha fallado en garantizar seguridad, justicia y paz.
Reyes ironizó sobre el argumento de que las consolas generan violencia, destacando que países como Japón y Corea, líderes en consumo de videojuegos, no son precisamente los más violentos del mundo. En sus palabras: “No hay consola que secuestre, extorsione o desaparezca personas.
La diputada subrayó que no existe una relación causal entre los videojuegos y la violencia, recordando que la propia Asociación Americana de Psicología (APA) ha concluido que, si bien algunos juegos pueden elevar la excitación o la agresividad momentánea, no hay evidencia científica que vincule los videojuegos violentos con crímenes reales o conductas violentas estructurales.
Su intervención rápidamente se viralizó en redes sociales bajo el lema #NoAlImpuestoGamer, mientras que diversos legisladores de oposición respaldaron su postura, señalando que el nuevo gravamen afectaría directamente a familias y consumidores, y fomentaría la piratería en lugar de resolver un problema de salud pública.
“No hay consola que haya disparado un arma, ni videojuego que secuestre o extorsione. Ninguna partida ha destruido el tejido social”, afirmó Reyes, dejando claro que culpar a los videojuegos es ignorar las verdaderas causas de la violencia.
Por su parte, algunos diputados del Partido del Trabajo defendieron el impuesto, argumentando que busca atender la salud mental y emocional de los niños al regular contenidos digitales. Sin embargo, Reyes fue tajante al responder: “Los gamers no necesitan castigo ni estigmas, necesitan que el Estado vea en ellos innovación, no un enemigo del que sacar dinero”.
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Hasta ahora el impuesto está aprobado
Tras una reciente votación, los diputados aprobaron el nuevo impuesto argumentando que busca “proteger la salud de los mexicanos”. La Comisión de Hacienda y Crédito Público dio luz verde a la reforma de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que contempla incrementos en productos como cigarros y refrescos, además de un gravamen a los videojuegos con contenido violento.

En México, este nuevo impuesto será del 8% para los videojuegos considerados violentos. Asimismo, la tasa aplicada a juegos con apuestas y sorteos aumentará del 30% al 50%, e incluirá también las plataformas de apuestas en línea o medios electrónicos similares. Estas medidas comenzarán a aplicarse en 2026, y según especialistas, podrían elevar significativamente el costo para los consumidores nacionales, encareciendo los videojuegos y reduciendo el acceso al entretenimiento digital.


















